
El Concejo Deliberante de Rosario de Lerma votó ayer por la mañana la destitución del intendente local, Enrique Martínez, por mal desempeño e irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Se lo encontró culpable por la comisión de siete hechos, el más grave, el de malversación de los fondos obtenidos en el Carnaval del 2020 apenas había asumido como jefe comunal.
Seis de los ocho concejales presentes, la novena integrante está ausente desde hace meses por enfermedad, votaron a favor de la destitución del mandatario comunal, alcanzando así los dos tercios necesarios, y cerrando el juicio político que comenzó en julio de este año.
El concejal Facundo Ramos le contó a Salta/12 que si bien la denuncia contra Martínez por malversación de fondos data del año 2020, cuando un arrepentido trabajador municipal radicó la misma en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, asegurando que el intendente y su tesorera se quedaron con unos $10 millones de lo recaudado en los corsos. “Se fueron sumando causas que configuraban mal desempeño”, como la de designaciones de la jueza de Faltas, o la tesorera, sin el acuerdo del Concejo Deliberante, y que está previsto en la Carta Orgánica local. O resoluciones impositivas, “cuando todo lo que versa por impuestos tiene que pasar por el poder legislativo”. Así como la ejecución presupuestaria anual que no tenía el visto bueno de los ediles.
También acotó que el año pasado se filtró un audio del actual director del Área de Legales municipal, Mauricio Martina, en donde hablaba con quien antes ocupaba su cargo, María Lourdes Cardozo, “ofreciéndole un cargo si es que testificaba a su favor ante el requerimiento de testigos que había solicitado la fiscalía”. “Eso también se trató en el Concejo Deliberante para tomar la decisión que terminamos tomando”, agregó.
Otro concejal, Leonardo Rosas, confirmó los dichos de su colega, y sobre la denuncia que pesa sobre el jefe comunal por el robo de dinero del corso, recordó que en ese momento, Martínez terminó conformando una comisión “unilateral”, sin dejar que ningún concejal participe, “eran todos funcionarios y gente allegada a él”.
Entre las causas que sumaron los concejales, se encuentran las ya citadas; una ordenanza de Código de Edificación “copiada y pegada del municipio de San Lorenzo”, que incumple las ordenanzas que los ediles aprueban. La ejecución presupuestaria del 2020, en donde quedaron $291 millones sin rendir. Y que “se realizaron descuentos a trabajadores y trabajadoras municipales en concepto de tareas insalubres y riesgosas”.
Martínez se suma a una larga lista de jefes comunales sometidos a procesos de destitución que incluye al de Salvador Mazza, Rubén Méndez, el de Cafayate, Fernando “Casita” Almeda, el de Joaquín V. González, Juan Domingo Aguirre, y el de San Carlos, Héctor “Rulo” Vargas. Muchos de ellos, a los que se suman otra media docena de ex jefes comunales, tienen causas judiciales por malversación de fondos y mal desempeño de sus funciones.
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