Reunión de comisión virtual, para seguir avanzando en el tratamiento del Proyecto
Esta mañana, miércoles 26, y durante 4 horas los ediles y edilas prosiguieron a través de la plataforma Zoom con el análisis del mensaje del Departamento Ejecutivo del nuevo Código de Convivencia para reemplazar al nuevo Código de Faltas.
Presidió la reunión la presidenta de la comisión de Gobierno, Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, acompañada por ediles de las diferentes bancadas del cuerpo y funcionarios del Ejecutivo Municipal.
DEBATE
La concejala Carbajal al abrir las intervenciones consignó respecto a la prescripción contemplada en el artículo 22 que en su momento se determinó “unificar el plazo de 5 años y contarlo a partir de 1º de enero del año siguiente, lo que ordena y facilita el control por parte de las áreas administrativas” del Ejecutivo.
En tanto y en relación al pago voluntario que se plantea en el artículo 26 consideró “correcta la actual disposición, porque si me acojo al pago voluntario estoy asumiendo la responsabilidad de la falta” para agregar que ello “ordena” y se “renuncia al derecho de defensa”. Estima que “en términos operativos no va a ser beneficioso modificarlo”.
Sobre el artículo 27 expresó sus dudas y mencionó que “se debería remitir a las normas provinciales o aclarar que se trata del litro de la nafta de YPF; al abordar el artículo 29 que refiere a la prohibición de acercamiento precisó que “va a ser muy difícil de efectivizar” dicha sanción, y sobre el artículo 31, dijo que “no da certeza de cuánto se debe pagar”.
Al considerar el artículo 33, clausuras, notó “inconsistencias” con el artículo 49 y con el 12, inciso b. Y sobre el artículo 38, remediación, marcó la necesidad de “subsanar el daño con alguna compensación” y ejemplificó en un caso en el que por no cumplir normativa de construcción se determinó que una entidad dictara cursos de alfabetización, cuando, consideró “debería haber hecho una construcción equiparable” de algo para la Municipalidad.
También expresó sus dudas respecto al artículo 49, que refiere a la inhabilitación, con un máximo de 2 años, y mencionó que “en casos de gravedad extrema la inhabilitación puede ser definitiva”.
La edila Pellegrini, aludió a una contradicción en el artículo 13 “en relación al régimen de menores, dado que debería especificar que para los que tienen carnet de conducir a los 16 años se aplique únicamente para faltas de tránsito”. Mencionó asimismo contradicciones en el artículo 14, con respecto a la responsabilidad de los padres, dado que, sostuvo “en nuestros sistemas jurídicos se genera una amplia gama de responsabilidad”.
En relación al capítulo II reiteró algunos aspectos que había planteado en la reunión anterior con respecto a la “falta de una mirada ambiental, urbanística” y sobre “lo colectivo”. Asimismo planteó que debería darse “una entidad mayor a la remediación en materia de delitos ambientales” de igual modo en cuanto a los urbanísticos.
Mencionó respecto a la suspensión de la firma por 180 días que mantiene la posibilidad de continuar el trámite, con lo que “no se resuelve el problema de los profesionales que incumplen una y otra vez”. Acerca del artículo 41 que refiere al perdón precisó que también debería excluirse a las vinculadas a cuestiones urbanísticas, ambiental, sobre violencia de género y valores democráticos.
La concejala Figueroa Casas, a su turno criticó que “estamos dolarizando el valor de todas las multas” por lo que planteó que para las que no sean de tránsito deberían “tomarse en pesos y no en unidades fijas”. Planteó incorporar una unidad de 50 pesos, actualizable, por ejemplo, en marzo y en septiembre e insistió que “no podemos relacionar todas las faltas con algo vinculado al dólar”, en referencia a la nafta.
Acerca del momento del pago consideró que se debe publicar “para que quede claro” y en cuanto al artículo 39, de retiro de la firma, estimó que “puede ser considerado un exceso y planteado como inconstitucional porque impide el derecho a trabajar”. Al respecto dijo que “habría que morigerarlo para que no quede desproporcionado”.
En una nueva intervención la concejala Carbajal defendió que “todas las infracciones estén en unidades fijas (UF) y no con dos sistemas diferentes”.
Continuó la concejala Gigliani quien sobre el pago voluntario propuso que “sea segmentado”. También consideró que el pago voluntario no debería ser para cuestiones vinculadas al ambiente, sanidad, transgresiones al Reglamento de Edificación o, para el caso de ser superiores a 1.000 unidades fijas.
Precisó que “debería fijarse el litro de nafta de YPF y por resolución definir el Departamento Ejecutivo ese valor actualizado”.
Con respecto al artículo de las demoliciones, 36, consideró que “el dictamen de la fiscalía no debería ser vinculante y cuando no esté previsto el que debería disponerlo es el Concejo Municipal”.
Reivindicó la sanción de la suspensión de la firma y recordó que tal sanción “ya está vigente y no deberíamos atrasar”. Sobre el perdón coincidió en que no debería aplicarse en aquellos casos vinculados a cuestiones ambientales, en casos de violación de clausuras de un comercio y que tengan que ver con transgresiones al Código Urbano. Pidió incorporar un párrafo respecto que tal perdón “no será aplicable para sanciones dispuestas por el Concejo Municipal”.
El concejal López Molina al iniciar su intervención expresó que “no todas las normativas del Código de Faltas vigente son desechables” y recordó que si bien el Código es de 1980 hay diferentes modificaciones que se fueron haciendo en años posteriores. Como ejemplo citó el caso del pago voluntario, que estimó, debería mantenerse en su actual redacción.
Sobre el artículo 29 que enumera las sanciones dijo que el inciso f, en el que se hace referencia a suspensión y caducidad de la habilitación “es la única sanción que no está descripta conceptualmente” y planteó la necesidad de precisarla.
“Sobre el arresto como último ratio, habría que dejarlo”, y en tal sentido estimó que será un debate que se dará en el recinto de sesiones.
En el artículo que refiere a severa amonestación estima que debería modificarse por apercibimiento y deben establecerse parámetros objetivos respecto a los casos en los que se aplicaría. Acerca de las multa, artículo 31, sostuvo que debe limitarse la reglamentación por parte del Ejecutivo.
En relación al artículo 36, demoliciones, cuestionó la participación de la fiscalía y aseveró que “si no hay una orden judicial no se puede dar curso a una demolición”. Sobre la remediación, artículo 38, consultó si es exclusivamente para daños al ambiente o para otro tipo de faltas.
Con relación al artículo 41, que refiere al perdón, dijo que “si empiezan a poner tanto límites se podría pensar en eliminar la figura” a la que considera “un resabio de facultades discrecionales del Estado” y si se la deja, con “una redacción más estricta”.
Entre otros aspectos y sobre la prohibición de acercamiento, dijo López Molina, que “hay que dejarla, porque es para accesos a lugares públicos y no para personas”.
La concejala López cuestionó la redacción de los artículos 13 y 14 sobre imputabilidad y responsabilidad y anticipó que remitiría propuestas al respecto. Acerca de los artículos 16 y 17, propuso acerca de las notificaciones que sea “recepción fehaciente”.
Sobre suspensión de la firma, artículo 39, mencionó que debería incorporarse la obligatoriedd de remitir la información a los tribunales de ética de los colegios profesionales.
En cuanto a la prohibición de acercamiento estimó que “es un buen momento para aplicar una perspectiva de género”.
El edil Fiatti, con relación al pago voluntario enfatizó que “ello implica el reconocimiento de la infracción” y acotó que “es una herramienta para descomprimir a la administración”.
El concejal Cardozo consideró que deberían incorporarse expedientes con propuestas presentadas por ediles sobre modificaciones al actual Código de Faltas, y en tal sentido hizo referencia a los proyectos que presentara y uno similar de la presidenta del cuerpo, Schmuck, para “sancionar fiestas clandestinas”.
Más adelante analizaron aspectos vinculados al libro II, relacionado a los procedimientos, con aspectos tales como notificación por mensajes de texto, comparencia virtual, presunción de legitimidad del acta, e instancia digital y presencial, ítems a los que hicieron referencia el edil López Molina y las concejalas Gigliani y Carbajal.
JURADO VECINAL
Sobre este aspecto abrió el debate la concejala Tepp, quien mencionó que “la intención del Departamento Ejecutivo es darle mayor participación a los vecinos en la resolución de conflictos, pero no toda participación contribuye al resultado”.
En tal sentido expresó el temor “al linchamiento” del responsable para sostener que “como está planteada la intervención de los vecinos es por sí o por no, no tanto para una resolución de los conflictos”. Agregó que “la fundamentación de los jurados vecinales no está basada en un argumento racional, sino en una situación íntima, profunda” en insistió en la posibilidad de “linchamiento del más vulnerable”.
Anticipó que en el bloque que preside se está trabajado “en algo que no tenga que ver tanto con lo sancionatorio, sino de acuerdos ciudadano, de resolución de conflictos, por ejemplo en el caso de terrenos baldíos, que la participación sea efectiva para recuperar un espacio público”.
Estimó el edil Fiatti que “este va a ser uno de los debates más importantes” en el tratamiento del nuevo Código, lo planteó como “una escuela cívica”, como un “involucramiento mayor” y expresó que “creemos fervientemente” en la participación popular en los jurados.
Al respecto aseveró que “no hay ánimo punitivista en los vecinos” e insistió en una “dinámica de participación ciudadana muy enriquecedora”.
Al expresar su oposición a la figura el concejal López Molina dijo que “en la descripción conceptual se puede coincidir, pero llevado a la práctica puede profundizar los confictos”.
Marcó que la normativa está tomada de una similar de General Pueyrredón -Mar del Plata- pero que en aquel caso estaba acompañada de otros instrumentos como la mediación.
Expresó igualmente que “los vecinos no deben participar a la hora de la sanción, sino en otras cuestiones”. Indicó que la mayoría de los jurados populares son a instancia del imputado, mientras que en este caso se lo plantea a instancia del procurador.
Cuestionó asimismo que las listas sean por distrito, dado que “es un problema que afecta la imparcialidad”. También objetó que no está establecido como se puede recusar a un jurado con causa.
Finalmente López Molina pidió que “se elimine el jurado vecinal, porque la puesta en marcha es tremendamente complejo, genera grandes costos y no es un buen instrumento”.
A su turno la edila Carbajal se expresó “ampliamente a favor” del jurado vecinal, dijo que “hay vecinos punitivistas y vecinos que no”.
Estimó que va a “ser vanguardista, valioso e importante” y lo calificó como una “instancia de ampliación de ciudadanía como el Presupuesto Participativo”.
La concejala Gigliani cuestionó su incorporación al Código, pero si estimó que podría establecerse como “una prueba piloto” .
Expresó que “comparto las dudas” y consideró la necesidad de especificar más sobre en qué materias se puede efectuar tal instancia.
La concejala Rueda se mostró a favor del jurado vecinal y consignó que podría incorporarse que fuera “a pedido de la víctima”. Planteó también la incorporación de la perspectiva de género y establecerlo para casos de acoso callejero.
Estimó que podría ser una prueba piloto, pero incluirlo en el nuevo Código de Convivencia.
El edil Cardozo no descartó la implementación pero planteó algunas dudas. En tal sentido aludió a que “sólo el procurador pueda solicitarlo” y requirió que sea también a pedido del acusado.
Con relación a la conformación del jurado también marcó sus dudas, y respecto a la rotación porque “si la lista es muy corta los jurados pueden ser repetidos”.
Expresó sus dudas sobre pruebas pilotos y estimó que podría efectuarse de manera progresiva su implementación.
La concejala Magnani en su intervención requirió que la composición del jurado tenga en cuenta edades, multiculturalidad, personas trans, indígenas, migrantes internos y externos, “que pueda darle un matiz verdaderamente participativo, sino será un jurado de clase media, con una sola mirada”.
También consideró que debería ser una carga pública, “como una autoridad de mesa y no voluntaria”.
Prensa, Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario
