“La idea es que si un funcionario arroja basura en un basural clandestino o estaciona frente a una bajada de discapacitados, deba pagar una multa mayor que el resto de los vecinos rosaleños. Proponemos que el máximo a pagar sea un tercio mayor que una infracción normal”, explicaron desde el bloque integrado por los ediles Liliana García, Raúl Rodríguez y Hugo Schamber.
Aseguraron que Coronel Rosales no sería el primer municipio en tener medidas de este estilo; “Trenque Lauquen, por ejemplo, aprobó ordenanzas similares que tienen como fin desarrollar un sentido de mayor responsabilidad de quienes ejercen la función pública. Los funcionarios tenemos que dar el ejemplo”.
Los ediles vecinalistas remarcaron que ya se aprobaron otras propuestas como la eliminación del estacionamiento gratuito para concejales frente a la Comuna, así como también la ordenanza que prohíbe la contratación de familiares directos de funcionarios, iniciadas desde ese espacio.
Redacción La Nueva