En Sesión Ordinaria los concejales dieron tratamiento y sanción a una Ordenanza impulsada por su par, Guillermo Kripper (UPS). La iniciativa tiene por objeto promover la inclusión laboral de las víctimas del delito de trata de personas en sus distintas modalidades. Para ello se crea un sistema de incentivos impositivos para empresas privadas radicadas en la ciudad de Salta que den trabajo a las mismas. Además, se establece que la Municipalidad de la ciudad de Salta, el Concejo Deliberante, el Tribunal Administrativo de Faltas y el Tribunal de Cuentas, están obligados a emplear hasta el uno por ciento (1%) del personal de cada organismo a las mencionadas personas.
El legislador Kripper se refirió a la iniciativa, afirmando: “Este es un Proyecto de integración social y de reinserción, después de una de la experiencia más traumática y quizás la más dolorosa que puede tener una persona al ser sometida, quizás violada o drogada y alejada de su mundo”. A lo que agregó: “De esta manera aportamos herramientas para que estén protegidas por el Estado y con la contención adecuada. Queremos colaborar con la sanación, queremos ayudar con la restitución de derechos”.
El articulado establece además que la Municipalidad de la ciudad de Salta, Concejo Deliberante, Tribunal Administrativo de Faltas y Tribunal de Cuentas designarán la Autoridad de Aplicación de la norma. Las cuales tendrán los siguientes deberes y facultades: celebrar convenios con otros organismos estatales, empresas y organizaciones civiles para facilitar la inclusión laboral; crear el registro de puestos de trabajo disponibles en el ámbito privado; asistir a las personas para su contratación y ante cualquier inconveniente que pudiera surgir con la parte contratante; instrumentar actividades para difundir y alentar las modalidades de contratación en los distintos sectores de la administración pública y privada previstas; y dar prioridad a las víctimas del delito de trata de personas al acceso a la inscripción para realizar capacitaciones en la escuela de Artes y Oficios.
Las Autoridades de Aplicación también deberán articular mecanismos con organismos del Estado provincial como el Polo Integral de las Mujeres, Subsecretaría de la Mujer, Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta y todo otro que resulte competente para tener acceso a la base de datos de las víctimas de trata de personas en sus distintas modalidades. También se consigna que deberán difundir los mecanismos a través de los cuales las personas pueden denunciar delitos de trata en forma gratuita y anónima. Así como de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad que trabajan en la promoción de los derechos humanos de las víctimas del delito de trata en todas sus modalidades.
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la norma dentro de los sesenta días desde la fecha de su publicación en el Boletín Municipal. Finalmente se establece que se deberá habilitar la partida presupuestaria correspondiente a los fines de dar cumplimiento a la norma.
Del análisis de la iniciativa participaron ediles de diversas bancadas. Soledad Gramajo (PorS) celebró la elaboración de la propuesta “ya que contempla los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Nacional”. Mientras que Emilia Orozco (JC+) resaltó la importancia de su aplicación, indicando: “Salta está entre las ocho provincias con mayores denuncias por trata de personas”. Carolina Am (PS) consideró: “Es muy importante que las personas víctimas de trata vuelvan a confiar en el Estado y que se las va a proteger”. Al tomar la palabra, José García (UPS) resaltó algunos de los aspectos de la norma, a la vez que sostuvo: “Abordar este tipo de temáticas requiere de valentía política”. En tanto, Paula Benavides (SI) se refirió al análisis que obtuvo el articulado en distintas Comisiones y los aportes que allí se realizaron.
