La Ciudad de Córdoba vivió este martes pasado una larga jornada de protestas, que entorpecieron el tránsito y generaron malestar en la población en general que realizaba sus actividades diarias.
Diego Casado, concejal de Hacemos por Córdoba, presentó hace un año un proyecto que busca penalizar a organizaciones que “agredan, amenacen, lesionen y cometan cualquier otro ilícito” en la vía pública.
En diálogo con otro medio, el funcionario explicó que la norma tiene el objetivo de modificar el Código de Convivencia y el Código de Ética para ampliar las sanciones de delitos perpetrados por organizaciones civiles, políticas o sindicales.
El concejal dijo que las multas irían “desde los 60 mil pesos hasta los cinco millones”, y se aplicarían si estos grupos realizan actos discriminatorios o si dañan “de manera deliberada, premeditada y dolosa los bienes muebles, muebles registrables e inmuebles que forman parte del dominio público o privado”.
“El que quiera ejercer el derecho a huelga, lo haga conforme a lo que reza la Constitución y que no imposibilite el derecho de otros ciudadanos a trabajar y circular”, apuntó el concejal, luego de pedir “no criminalizar la pobreza ni la necesidad. La gente está sufriendo en la calle y, con diálogo y consenso, las cosas llegan a buen puerto. Esta gente que está haciendo un reclamo está sentimentalmente mal”.
